EL FLAGELO DE LO CORRECTO

Por Adalid Cabrera Lemuz – ABI.- Cuando el presidente Evo Morales Ayma asumió el mando de Bolivia el pasado 22 de enero de 2006, la oposición le daba pocas posibilidades de cumplir un año en el poder porque consideraba que su gobierno no estaba preparado para llevar adelante una gestión medianamente exitosa.

El propio jefe de Estado dijo en forma reiterada que la derecha esperaba un tropezón del Ejecutivo para retomar el poder y en consecuencia las prebendas que había acumulado a lo largo de las dictaduras militares y los gobiernos neoliberales que comenzaron a tambalearse al perder los comicios de diciembre de 2005.

Morales, un líder indígena nacido en las huestes sindicales de los agricultores del trópico de Cochabamba, fue perfilándose poco a poco como el abanderado de un proceso de cambio que anhelaban los bolivianos cansados de la corrupción que desgranaban las dictaduras y los mandatos neoliberales generados en espurias alianzas tras el telón congresal.

Morales ganó las elecciones de 2005 con una votación récord del 53,8 por ciento que le permitió asumir el poder sin necesidad de requerir el apoyo condicionado de grupos de derecha en el Poder Legislativo.

Pese a ello, la oposición siempre permaneció en espera de un error de Morales y de su Gobierno para gestar asonadas golpistas, no tanto en los cuarteles, una vez que las Fuerzas Armadas se declararon defensoras de la Constitución, sino en regiones que estaban bajo el control de grupos de poder económico que se codeaban en el pasado con el poder central.

De esa manera, esos sectores opositores generaron en 2008 un referéndum revocatorio convencidos de que el pueblo iba a votar en contra del Presidente, pero contrariamente el respaldo fue aún mayor, lo que colocó en entredicho su poder en las regiones, debido a que algunos de sus prefectos afines, como los de La Paz y Cochabamba, José Luis Paredes y Manfred Reyes Villa, tuvieron que dejar esos cargos al no recibir el suficiente voto de la población.

El Primer Mandatario salió fortalecido de la consulta plebiscitaria, pero no quedó libre de la conspiración surgida en grupos de poder de los departamentos de la denominada Media Luna (Santa Cruz, Beni, Tarija y Pando) que gestaron jornadas de violencia destinadas a desestabilizar no solamente al Gobierno, sino a la democracia.

La violencia alcanzó su punto culminante en septiembre de 2008 en el departamento de Pando donde fueron masacrados más de una decena de campesinos a manos de grupos de paramilitares que respondían al mando del entonces prefecto de ese departamento, Leopoldo Fernández. El único pecado de esa marcha campesina era reunirse y analizar sus reivindicaciones agrarias, lo que les valió el odio de los latifundistas asentados en ese departamento amazónico.

Peor aún, el Gobierno denunció que no solamente grupos nacionales estaban implicados en la conspiración, sino que estaban respaldados por la embajada de Estados Unidos en Bolivia, por lo que, ante la fuerza de las evidencias, el Presidente declaró persona no grata al jefe de esa misión, Philip Goldberg, quien tuvo que salir de Bolivia en octubre de 2008 seguido por los agentes de la Dirección Anti Droga (DEA) de ese país.

En estos cuatro años en el Gobierno, el presidente Morales sorteó una serie de obstáculos originados en grupos políticos neoliberales y latifundistas nacionales, pero también desde el exterior presiones para inmiscuirse en la política interna. Ese es el caso de la decisión de la administración de Estados Unidos que llegó a cuestionar la nueva Constitución Política del Estado aprobada por una mayoría abrumadora de ciudadanos.

Para intensificar la presión, la Casa Blanca en Washington suspendió los programas de liberación arancelaria para un conjunto de productos nacionales bajo el pretexto de que Bolivia no cumplía con su responsabilidad en la lucha contra las drogas.

La respuesta de Morales no se dejó esperar con números sobre el cumplimiento boliviano de las metas de erradicación de cultivos de hojas de coca y la intercepción récord de cargamentos de droga con drásticas sanciones para sus infractores.

En estos cuatro años, el Jefe de Estado ha vencido cinco consultas electorales desde diciembre de 2005, ya sea elecciones generales (2005 y 2009), elección de la Asamblea Constituyente (2006), referéndum revocatorio (agosto de 2008), y el referéndum Constitucional que aprobó la nueva Carta Magna para refundar Bolivia en enero de 2009.

Esas victorias han significado contundentes derrotas a la oposición que se ratificaron en las recientes elecciones generales del 6 de diciembre de 2009 en las que el presidente Morales fue reelegido por el voto de 64,22 por ciento de los ciudadanos.

Sin embargo, para alcanzar ese apoyo Morales y su Gobierno desarrollaron una gestión de cumplimiento con  las reivindicaciones del pueblo.

Inicialmente dieron curso a una Asamblea Constituyente para que elabore una nueva Constitución Política del Estado que surja del pueblo y no de los escritorios de los grupos de poder económico y de la democracia.

Igualmente cumplió con el objetivo de recuperar los recursos naturales patrimonio del pueblo a través de la nacionalización de los hidrocarburos y de las telecomunicaciones.

De esa manera dio fin con el programa de “capitalización” de empresas estatales dispuesto en 1997 por el gobierno del entonces presidente y millonario empresario minero Gonzalo Sánchez de Lozada que entregó el patrimonio estatal en los sectores de los hidrocarburos, electricidad, telecomunicaciones y transportes aéreos y ferroviarios a empresas trasnacionales.

Una vez recuperados los hidrocarburos, Bolivia comenzó a recuperar su economía para que “la plata que es del pueblo vuelva al pueblo”, como manifestó el Primer Mandatario.

Los resultados son claros porque la nacionalización de los hidrocarburos generó para Bolivia más de 5.000 millones de dólares con tendencia a crecer con las inversiones que se inyectarán desde 2010 para la industrialización del sector.

Igualmente la minería produjo para las arcas estatales otros 5.000 millones de dólares y el sector que había sido desahuciado por los gobiernos neoliberales volvió a constituirse en un factor vital del desarrollo al aportar con el 8,6 por ciento al Producto Interno Bruto (PIB).

En estos cuatro años de gestión, la administración del sector de electricidad implicó ahorro, rebaja de tarifas y recuperación del control estatal en el rubro con un beneficio para el pueblo.

Una de las viejas luchas de los pueblos por la tierra y el territorio comenzó a lograr desde 2006 avances puntuales al ser saneadas y tituladas 26 millones de hectáreas.

El pueblo votó en un referéndum contra el latifundio, lo que fue acatado por el Ejecutivo con el objetivo de que el pueblo no solamente debe elegir a sus autoridades en  las urnas, sino trazar políticas.

Otro de los problemas que afecta a Bolivia igualmente comenzó a mostrar visos de solución al generar mecanismos para la creación de 124.000 empleos a través de actividades fomentadas por el Banco de Desarrollo Productivo (BDP) y otras actividades.

Morales ha predicado con el ejemplo para que los bolivianos sumen sus fuerzas para promover el desarrollo. Para nadie es un secreto que las jornadas diarias del Presidente se extienden hasta 18 horas al servicio del país, además ha cambiado el criterio de que el gobernante debe servirse del poder para convertirse en un servidor de la sociedad.

Morales ha reiterado la necesidad de integrar cada vez más al país a través de carreteras, por lo que se construyeron 276 kilómetros de carreteras por año.

El Mandatario ha anotado que no solamente debe prestarse atención al desarrollo económico, si es que no genera el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos, por ello impulsó programas de salud y de educación que muestran ya sus resultados.

Uno de esos programas es el programa de alfabetización “Yo si puedo” con la cooperación de los gobiernos de Cuba y de Venezuela que permitieron liberar a Bolivia de ese flagelo al enseñar a leer y escribir a 829.101 compatriotas.

De acuerdo con los informes oficiales, en  estos cuatro años se han entregado 1.450 infraestructuras educativas para sentar las bases de una educación de calidad para que las futuras generaciones tomen a su cargo una eficiente y responsable conducción del país.

El programa de educación impulsado por el Ejecutivo busca promover la permanente capacitación de los educadores a fin de que vuelquen sus conocimientos a favor de los estudiantes en el marco de la revolución democrática y cultural.

Otro de esos programas en el sector de salud es la Operación Milagro donde una misión de médicos cubanos llegó a atender gratuitamente 30 millones de consultas y efectuar casi medio millón de operaciones de la vista en el país, no solamente para bolivianos, sino en forma solidaria a ciudadanos de países fronterizos.

El programa de atención sanitaria con la cooperación internacional ha permitido equipar hasta 43 hospitales bolivianos de segundo nivel con una atención permanente a ciudadanos de áreas rurales y urbanas.

Bajo el concepto de que el agua es un derecho humano, el Gobierno de Morales amplió los servicios de agua y saneamiento básico a 821.000 bolivianos más.

De acuerdo con informes de organismos internacionales, el programa de desarrollo económico y social de Bolivia redujo en estos cuatro años en un seis por ciento la pobreza.

La generación de recursos económicos en el sector petrolero promovió que el Gobierno lleve adelante una serie de programas de alcance social, como la creación de los Bonos Dignidad, Juancito Pinto y Juana Azurduy de Padilla.

Mediante el Bono Dignidad, destinado a ciudadanos y ciudadanas de la tercera edad mayores a los 60 años, se ha beneficiado a 687.000 bolivianos.

El Bono Juancito Pinto ha llegado a 1,8 millones de estudiantes del primero al octavo año con una inversión de 54 millones de dólares para atender la demanda. El objetivo del Bono es evitar el ausentismo y abandono escolar.

El Bono Juan Azurduy de Padilla asiste en la actualidad a 400.000 mujeres embarazadas y niños en cumplimiento de los mandatos de la nueva Constitución Política del Estado que dice que “las mujeres tienen derecho a la maternidad con una visión y práctica intercultural y tienen  el derecho de recibir protección del Estado durante el embarazo, parto y en el período prenatal y postnatal.

Este bono tiene como uno de sus objetivos disminuir los niveles de mortalidad materno-infantil. El presidente Morales recordó que ese problema lo sufrió su familia, una vez que cuatro de sus hermanos murieron por la crisis económica que afectaba a su familia.

En el campo económico, en los últimos cuatro años no se produjo un déficit fiscal y al contrario hubo un superávit, además de que las reservas internacionales se incrementaron en ese período de 1.500 a 8.500 millones de dólares y la inversión pública de 600 a 1.800 millones de dólares y probablemente hasta 2.000 millones anuales.

Otro de los datos positivos es que la deuda externa se redujo de 4.000 millones a unos 2.400 millones de dólares.

De acuerdo con los datos oficiales, en estos cuatro años se ha registrado un incremento salarial del 47 por ciento;

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