ANDES. Quito.- El Procurador General del Estado, Diego García, anunció, en entrevista con ANDES, que pedirá una rectificación al Grupo de Acción Financiera Internacional por el informe emitido sobre el Ecuador en el que “no se reconoce el esfuerzo realizado en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo”.
Aclaró que, aunque la decisión no es tan grave como la quisieron hacer ver varios medios de comunicación, el único argumento que tiene para señalar que el país tiene deficiencias en el combate de estos delitos es la falta de una ley específica en contra del financiamiento al terrorismo. Explicó que el país ha explicado oportunamente a la GAFI que el documento está listo, pero que aún no ha sido tramitado por la Asamblea debido que debe aprobar otras leyes establecidas por la misma Constitución.
¿Cómo recibe el Ecuador la noticia respecto a que la noticia sobre una supuesta inclusión del país en una lista de países que representan un alto riesgo para el sistema financiero internacional?
La verdad es que no existe una lista negra en la que el Ecuador haya sido puesto como un país que sea de alto riesgo financiero o en el que no se puedan realizar cooperaciones financieras. La información que traen, sobre todo, los medios extranjeros, no se ajustan a los términos en los que se ha pronunciado GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional), durante la reunión del Pleno en la cita realizada en Abu Dhabi (Emiratos Arabes).
La información oficial, que puede ser encontrada en la página web (www.fatf-gafi.org), determina que Ecuador tienen deficiencias específicas en el combate contra el lavado de activos o el financiamiento del terrorismo pero que en ningún caso lo consideran como un país no cooperante y mucho menos lo ubica dentro de una lista negra como un país en el que no se pueda invertir o realizar operaciones financieras.
¿El organismo ubica al Ecuador en situación similar a la de Angola, Irán, Corea del Norte y Etiopía?
No. En las observaciones del GAFI no hay referencia alguna que diga que Ecuador está en ese caso. El GAFI reconoce que el país ha venido trabajando junto con el GAFISUD (en Sudamérica) para superar estas deficiencias, a diferencia de otros países que sí están marcados con un asterisco como Angola, Corea del Sur y Etiopía en la que se dice que a pesar de los esfuerzos del GAFI estos países no han contribuido en el trabajo conjunto. Esa es la versión oficial.
¿Cuál es la principal deficiencia que tiene el país según el Grupo?
El GAFI dice que el país no ha hecho un compromiso oficial de alto nivel para adoptar ciertas medidas contra el lavado de activos, entre esas, la expedición de la Ley Contra del Financiamiento del Terrorismo. El GAFI pretende que el Ecuador, al igual que todos los países, tenga una ley específica. Frente a eso, nosotros les hemos dicho en varias oportunidades, incluso en las dos últimas comunicaciones del 11 y del 16 de febrero, que el país ya tiene un mecanismo legal para combatir el financiamiento de cualquier actividad ilícita, de manera que, aunque no nos estamos negando a que en el futuro exista una ley contra el financiamiento del terrorismo; no creemos que sea justo que al Ecuador, por el hecho de no tener esa ley todavía se lo ubique en una lista que puede afectar la imagen del país, peor aún cuando esa lista es sacada de contexto.
Hay que aclarar que, pese a no tener una ley específica contra el financiamiento del terrorismo, la Ley contra el lavado de activos permite hacer una lucha efectiva contra el financiamiento de cualquier actividad ilícita.
¿El Ecuador enviará una nota de protesta por este informe?
El Estado reclamará ante el GAFI por la decisión tomada, porque a pesar de no tener la gravedad ni la connotación que le dan los medios de prensa internacional, de todas maneras es una decisión equivocada que no reconoce los esfuerzos que el Ecuador ha hecho en esta materia.
Es claro que el lavado de activos en el Ecuador está bajo control, el país no es un paraíso para el lavado de activos y peor aún para el financiamiento del terrorismo. En ese compromiso no solo están las instituciones del Estado sino todas las instituciones del sistema financiero con quienes trabajamos coordinadamente.
¿Qué información ha entregado el país al GAFI, como insumos para que califiquen el trabajo del país en la lucha de estos delitos?
El 10 de febrero el GAFI solicitó una declaración de alto nivel político de parte del Ecuador, en la que se comprometa a realizar acciones contra este tema. Nosotros le explicamos todo lo que el país ha hecho desde que existe la Ley Contra el Lavado de Activos y desde que existe la Unidad de Inteligencia Financiera para luchar contra estos delitos. Le hemos explicado que el Ecuador ya envío al Congreso un proyecto de Ley al Congreso pero que lamentablemente todo el proceso político jurídico que el Ecuador ha tenido desde 2007 no ha permitido que el legislativo lo conozca y lo apruebe.
Le hemos dicho que el Estado ecuatoriano sigue comprometido en la lucha contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo, no es posible en este momento, hacer un compromiso sobre cuándo el país va a expedir esa ley porque todavía está en el marco de un proceso de transición que le obliga a la aprobación, en este año, de ciertas leyes establecidas en la propia Constitución.
¿El Estudio realizado por el GAFI que espacio de tiempo contempla?
El GAFI realizó una valoración de lo actuado por el Ecuador hasta 2007. A partir de eso, realiza un proceso de seguimiento periódico de los avances realizados. Esto implica la presentación de un informe cada seis meses. Nosotros hicimos la última presentación en diciembre de 2009 en Buenos Aires (Argentina) y hemos explicado el trabajo del Ecuador en cuanto a la normativa y la nueva estructura para la lucha contra estos delitos y creemos que los avances que el Ecuador ha tenido han sido importantes y le permiten ser un país totalmente comprometido.
El trabajo se ha enfocado más en el lavado de activos, porque en el Ecuador no se han detectado casos específicos de financiamiento del terrorismo, aunque tenemos la estructura para detectarlos en el momento en que se presenten.
El GAFI conoce que el Ecuador ha hecho esfuerzos importantes, lo que pasa es que se pretende un compromiso (expedir una ley) que el país no está obligado a asumir. /GCM
EL FLAGELO DE LO CORRECTO 