GUANARTEME.- CCOO ha protestado porque en el Fondo de Garantía Salarial (FOGASA), se acaba de realizar un contrato con Fundosa (filial de la ONCE), para que uno de sus empleados realice trabajos de grabación de datos de personas tanto físicas como jurídicas en la sede de FOGASA. Para la organización sindical se trata de otra externalización de servicios de trabajos que deben ser realizados exclusivamente por empleadas y empleados públicos ya que los datos confidenciales que manejan no deberían ser tratados por personal ajeno a la Administración.
Con los datos a los que ha tenido acceso CCOO sabemos que para la realización de esta “faena” FOGASA paga a Fundosa (que no al trabajador o trabajadora) 18.000 euros por un periodo de nueve meses, mientras que el coste de un empleado público del Subgrupo C2 de nuevo ingreso le supondría 15.053,32 euros con el coste de seguridad social incluido, creando además empleo estable tan necesario en tiempos de crisis.
Para la organización sindical este ejemplo de contratación demuestra que existe dinero, aunque se trata de enmascararlo externalizando servicios y asignándolo a otros capítulos presupuestarios para alegar que se reduce el gasto público. Con ello sólo se consigue la pérdida de calidad del servicio público, poner en peligro la seguridad de los datos de carácter personal, y crear empleo precario y de poca calidad, ya que dudamos de que el trabajador o trabajadora que vaya a realizar las tareas perciba el total de lo aportado por el Fogasa.
El Gobierno dice que “apuesta por la austeridad y la promoción interna”. Pues ya se nota, si va perdiendo 3.000 € por empleado…… ¿Resultan austeras las externalizaciones?
En Tráfico, Policía, INE, Seguridad Social, Medio Ambiente… disponen de servicios externalizados con resultados semejantes.
Lo curioso es que la legalidad de este «Outsourcing» (externalizaciones) está puesta en entredicho por el Tribunal Supremo. El pasado mes este Tribunal declara nulo de pleno derecho el Decreto 117/1998 donde se atribuyen las funciones «ilegalmente regaladas» a Egmasa por la Consejería de Medio Ambiente de Andalucía.
La sentencia cuestiona lo que se denomina «riesgo potencial de fuga del Derecho administrativo», contenido en el decreto, que en la práctica se concreta en «un diferente sistema de contratación administrativa, en la exclusión de gran parte de la actividad de estas empresas al control de la jurisdicción contencioso-administrativa y, especialmente, en excepcional el régimen de selección de su personal de los principios de mérito y capacidad que la Constitución Española establece preceptivamente para los funcionarios públicos, rigiendo un sistema de libre selección de un personal cuyas retribuciones van a ser sufragadas con el erario público, y que a la vista del objeto societario pueden desempeñar funciones similares a las que desarrollan éstos».De esta forma, y entre otras consideraciones, la sentencia indica que a partir de ahora los trabajos que impliquen «autoridad pública» sólo podrán ser desempeñados por funcionarios y no por una empresa mercantil.
¡POR LA OPTIMIZACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS!
EL FLAGELO DE LO CORRECTO 