EL FLAGELO DE LO CORRECTO

TELAM.- Con la lectura de acusaciones y los testimonios de detenidos liberados y familiares de desaparecidos, comenzó hoy en esta ciudad el primer juicio contra cinco ex militares, policías y civiles acusados de privación ilegítima de la libertad de cuatro militantes peronistas de San Rafael. Luciano Benjamín Menéndez, jefe del Tercer Cuerpo de Ejército, fue separado de la causa por enfrentar otras acusaciones en Córdoba, al igual que el médico policial Cristóbal Ruiz Pozo.

Se trata de  Raúl Alberto Ruiz Soppe, quien se desempeñaba como Jefe de la Unidad Regional II de la Policía de Mendoza; Aníbal Alberto Guevara, ex teniente del Ejército; José Martín Mussere, quien oficiaba de enlace entre la Policía y los mandos militares; Juan Robero Labarta, integrante del D2 en San Rafael y Raúl Egea Bernal, abogado de la Policía de Mendoza, este último acusado de falsedad material de instrumento público.

Mientras tanto Luciano Benjamín Menéndez, Jefe del Tercer Cuerpo de Ejército, fue separado de la causa por enfrentar otras acusaciones en Córdoba; al igual que el médico policial Cristóbal Ruiz Pozo, quien sufre una enfermedad terminal y fue hospitalizado en las últimas horas.

Los siete represores están acusados por la desaparición de Francisco Tripiana, pintor de 33 años detenido en su casa el 23 de marzo de 1976 y quien figura como liberado en los archivos; Roberto Osorio, empleado de una farmacia de la familia del ex gobernador Martínez Baca; Pascual Sandoval, obrero rural detenido en una finca durante la primera semana del golpe militar de 1976; y José Guillermo Verón, un camionero que desapareció meses después de haber sido detenido.

El debate que se desarrollará por varios meses en un salón prestado por la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria de la Universidad Nacional de Cuyo (UNC), comenzó a las 9.00 de hoy con la lectura de la elevación a juicio y tras un cuarto intermedio convocado a las 13.00 retomará a las 17.00.

Según la causa que comenzó a leerse esta mañana, el Tercer Cuerpo del Ejército que comandaba Menéndez «controlaba fuerzas propias y ajenas, a la vez que controlaba la prensa y la propaganda consumando un verdadero genocidio».

«Haciendo una apuesta a la doctrina militar y bajo órdenes militares cumplidas por la policía, actuaban en grupos de tareas, sometieron a vejámenes e hicieron desaparecer personas falsificando actas de libertad», se leyó hoy en la elevación a juicio.

Si bien la capacidad de la improvisada sala de debate es para unas setenta personas, otros 200 jóvenes miembros de distintas organizaciones sociales acompañaron desde afuera con cánticos, banderas, pancartas y bombos.

«Esperamos que los imputaos puedan declarar, con la gran esperanza de poder encontrar los cuerpos», dijo hoy a Télam Mariano Tripiana (35), hijo del desaparecido Francisco Tripiana, quien con su mamá Haydee serán principales testigos en una discusión clave como la de determinar la inocencia o culpabilidad en seguir órdenes de los altos mandos.

Tripiana reivindicó hoy «a los compañeros desaparecidos» que en el sur de Mendoza suman una treintena, y agradeció «al compañero Néstor Kirchner y a la presidenta (Cristina Fernández de Kirchner) porque este gobierno no se fue al mazo con nadie para llevar adelante este juicio».

Asimismo destacó la imputación que recayó sobre civiles como el abogado Egea Bernal o el médico Ruiz Pozo, «quienes eran los encargados de firmar las actas de libertad, y hasta inclusive falsificar firmas como ocurrió en el comprobado caso de Tripiana».

Tras la lectura de la causa, la secretaria a cargo leyó algunos de los testimonios de detenidos que lograron recuperar la libertad y dijeron haber visto o escuchado a los cuatro desaparecidos que se investiga en este primer juicio y de quienes se intenta saber dónde están sus cuerpos.

Entre ellos, se escuchó el relato del ex gobernador Alberto Martínez Baca quien declaró alguna vez haber compartido calabozo 28 días con Tripiana «y quisieron hacer creer que fue liberado siete días después de su detención, pero nunca apareció».

Otro párrafo ocuparon los testimonios de familiares de desaparecidos, que coinciden en el relato de «tormentos, golpizas y el calvario» que se vivió en San Rafael, tanto en la sede de Infantería local, o en la Casa Departamental, donde actualmente se consitituyen los tribunales provinciales.

Antes del inicio de la lectura, un abogado defensor pidió al tribunal que se suspendiera el juicio, pero antes de que diera sus argumentos recibió la negativa y se continuó con el proceso.

«Lo que evidencia el tribunal es que el juicio se haga a toda costa, mientras la defensa quiere impedir a toda costa que se haga. Pero los miembros del tribunal son expertos en chicanas porque obviaron y redujeron plazos procesales dilatorios en los recursos, ya que yo mismo pedí este debate en marzo y se hizo ahora», dijo a Télam el querellante por la Asociación Permanente por los Derechos Humanos, Héctor Chaves.

Según señaló como querellante, «hay pruebas instrumentales suficientes para condenarlos a todos, de ahí viene la desesperación para que no se llegue al juicio», dijo Chaves.

Entre el público presente en el salón se vio al senador nacional sanrafaelino y presidente del radicalismo nacional, Ernesto Sanz, acompañado por Armando Camerucci, presidente del bloque de senadores radicales en Mendoza.

En la zona de Cuyo existen unos 300 desaparecidos y sólo se ha realizado un juicio en San Luis, cuando los jueces Roberto Burad, Roberto Naciff (los mismos que dictarán sentencia ahora) y el puntano Raúl Rodríguez condenaron a los militares Carlos Esteban Plan y Miguel Fernando Gez, junto a los policías David Becerra, Juan Carlos Pérez y Luis Orozco.

Por su parte el Juez Federal Walter Bento, posee unas veinte causas que ya están listas para ser tratadas en debate, aunque varios planteamientos y recusaciones provocaron que el plazo original de marzo de 2010 se haya prorrogado y aún no haya fecha cierta de inicio.

El segundo Tribunal está integrado por los doctores Roberto Burad, Héctor Cortes y Roberto Nacif, mientras que como cuarto juez figura Raúl Fourcade, del Tribunal Federal de San Luis, y la secretaría está a cargo de María Marta de la Reta.