EL FLAGELO DE LO CORRECTO

INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR CCOO.-  El Secretario de Estado de Seguridad, Ignacio Ulloa, el Jueves 28 de Junio, ha planteado en la Comisión del Interior del Congreso la posibilidad de que vigilantes privados sustituyan, no solo a policías y a guardias civiles sino también, a funcionarios de prisiones, ante la escasez de empleados públicos y ante la imposibilidad económica de llevar a cabo la oferta de empleo público necesaria.

Después de que CCOO, como el resto de la parte social, pidiera en múltiples ocasiones, tanto al SecretarioGeneral de IIPP, como al Ministerio del Interior, una reunión para que la Administración nos comunicara sus intenciones
de contratar vigilantes privados, para gestionar la seguridad exterior, nos enteramos por la prensa que su intención va más allá y que también afecta a la seguridad interior de los centros penitenciarios.

La posición de la Administración es no reunirse con la parte social , a pesar de los múltiples requerimientos, y nos traslada sus intenciones a través de los medios de comunicación. Esta actitud deja claro el respeto que este
Gobierno tiene a la parte social y por ende a todos los empleados públicos penitenciarios.

La vigilancia, la reinserción y la custodia de los internos es una potestad pública que se desprende de la ejecución de las penas privativas de libertad, tuteladas judicialmente y que la Admistración intenta privatizar cambiando
el mandato constitucional de reinserción por el de hacer negocios privados con los internos. Es un salto cualitativo del Ministerio del Interior, con un objetivo claro de implantar el modelo privado de gestión de las prisiones
similar al de EE.UU. siguiendo las consignas neoliberales, como así está ocurriendo en educación y la sanidad.

No tienen dinero para la OEP y sin embargo contratan seguridad privada. Está claro que quieren abrir el ingente negocio de las Instituciones Penitenciarias al capital privado. Solo habrá que ver los componentes de los Consejos de Administración, de las empresas seleccionadas ,para saber el objeto y los beneficiados por el negocio.

CCOO ha reiterado, en varias ocasiones, a la Administración Penitenciaria, que la falta de personal en prisiones se debe de resolver respetando el mandato constitucional de tutela del Estado en el cumplimiento de las condenas
y que, para ello, la salida más barata y eficaz es reciclar a los empleados públicos que quieren mandar a la “calle”, de otras administraciones, asimismo como la contratación de interinos y personal temporal laboral que
supone otra alternativa viable, al ser también empleados públicos.

CCOO quiere señalar que, la privatización de las prisiones pone en tela de juicio el modelo de Instituciones Penitenciarias del que nos hemos dotado constitucionalmente, cuyo criterio orientador es la reeducación y la
reinserción social en las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad .(art. 25.2 CE)

Con este modelo, los internos y los empleados públicos no estarán bajo el mandato del Estado sino al servicio de empresas privadas, cuyo único fin es el obtener beneficios económicos.