CANARIAS SEMANAL.-   Muy pocos se tomaron en serio las palabras de Mariano Rajoy cuando éste afirmaba el pasado mes septiembre, en presencia de la canciller alemana Angela Merkel, que «no tenía ninguna intención de cambiar el statu quo de las pensiones en este momento». De manera generalizada se entendió que el presidente del Gobierno se estaba limitando a intentar ganar algo de tiempo, para que el esperado e impopular recorte en este servicio social no afectará a las resultados del Partido Popular en las inminentes citas electorales de Galicia, Cataluña y Euskadi.

Sin embargo, no ha sido necesario esperar tanto tiempo para que el nuevo ataque contra los pensionistas comience concretarse. El procedimiento utilizado para ello por el Gabinete ultraconservador lo anunciaba el pasado jueves el secretario de Estado de Economía, Fernando Jiménez-Latorre. Un cambio en el método utilizado para calcular la revalorización de las pensiones que se traducirá en una pérdida sustancial del poder adquisitivo de este castigado colectivo social.

Hasta el momento, la revalorización de las pensiones se efectuaba tomando como indicador de referencia el Índice de Precios de Consumo (IPC). Un medidor de inflación que acabó el noveno mes del año en el 3,4% interanual. Ahora, según reconocía públicamente Jiménez-Latorre, el Gobierno pretende que la misma se realice en base al Índice de Precios de Consumo Armonizados a Impuestos Constantes (IPCA-IC), que cerró septiembre en el 1,4%.

La aplicación de esta medida – que el Gabinete ultraconservador pretende aprobar el próximo mes de noviembre – supone uno de los más duros hachazos dados en los últimos años a los pensionistas de todo el Estado. Con ella el Ejecutivo de Mariano Rajoy les escamoteará un mínimo de 2.400 millones de euros.

En Canarias, teniendo en cuenta el mencionado incremento del IPC en el último trimestre, las pensiones debería revalorizarse en 73,7 millones de euros. Con el nuevo método de contabilización, sin embargo, el total de los perceptores canarios recibirán un incremento global de tan solo 14,2 millones de euros. Es decir, que de un solo tajo el Gobierno del Partido Popular birlaría a los mayores del Archipiélago 59 millones. La friolera de 9.816 millones de las antiguas pesetas.

Pero la pérdida de poder adquisitivo de los pensionistas podría ser incluso mayor, ya que la mayoría de los analistas coinciden en señalar que la inflación continuará creciendo hasta noviembre, el mes que marca el tipo al que se revisan las pensiones.

 

 

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