EL FLAGELO DE LO CORRECTO

“En Canarias hay 47.900 personas que sobreviven con pensiones no contributivas, que no viajan y no van a viajar jamás porque no se lo pueden permitir, que no se pueden aprovechar de esas subvenciones”, se lamenta Domingo Méndez. Y agrega: “Es escandaloso e inmoral que se esté jugando con el dinero del IRPF de todos cuando no se subvenciona hasta viajes turísticos o en primera clase por motivos de negocio»,

YAGO ALVAREZ PARA «EL SALTO
Este pasado viernes 13 de julio, el Gobierno ha aprobado un aumento en la subvención del precio de los billetes del 50% al 75% para trayectos aéreos y marítimos para residentes de Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla. El acuerdo, tomado en el pasado Consejo de Ministros, entrará en vigor este lunes día 16 de julio tras ser publicado en el BOE.

Hasta el momento, el ministerio de Fomento subvenciona unos 15 millones de viajes entre la península y Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla, así como los trayectos dentro de los dos archipiélagos. Con este nuevo incremento en el descuento, Fomento espera que se incrementen mucho más los viajes subvencionados entre la península y dichos territorios.

El ministro de Fomento, José Luís Ábalos, ha expresado en rueda de prensa que este descuento será efectivo con tanta inmediatez ya que ha buscado la vía más rápida y efectiva, pero que están trabajando en un real decreto que pueda avalar y dar una mejor cobertura a dicho descuento.

Pero esta medida no ha sido bien recibida por todos los colectivos. El aumento de la subvención sin poner ningún tipo de limitación a los precios es, según Fernando Cabrera, “un cheque en blanco a las aerolíneas, que seguirán haciendo caja a costa del consumidor”. Cabrera es el presidente de la asociación Canarios Sin Alas (CSA). Esta organización de canarias y canarios que viven fuera de las islas -y que pierden el derecho a esa subvención si se empadronan fuera de las islas- denuncia que este tipo de subvenciones sin control sobre los precios solo favorecen a las compañías aéreas que ven como sus billetes son pagados incluso a precios desorbitados porque el cliente final consigue un descuento que acaba repercutiendo en las arcas del Estado. “El descuento a veces será sobre un billete de 100 euros, otras sobre 300 o sobre 500”, explica la organización en un comunicado y añaden que, de este modo, “las aerolíneas se seguirán beneficiando de un negocio redondo: el viajero paga y el Estado paga”.

Para Domingo Méndez, militante de Podemos Tenerife y de Anticapitalistas, el problema va más allá y critica que las subvenciones no tengan ninguna base progresiva y que se concedan sin tener en cuenta el nivel de renta de la persona que los compra.

“En Canarias hay 47.900 personas que sobreviven con pensiones no contributivas, que no viajan y no van a viajar jamás porque no se lo pueden permitir, que no se pueden aprovechar de esas subvenciones”, lamenta Méndez.

Otro factor que no se tiene en cuenta es el motivo del viaje, tal y como narra Méndez a El Salto:

“Es escandaloso e inmoral que se esté jugando con el dinero del IRPF de todos cuando no se subvenciona hasta viajes turísticos o en primera clase por motivos de negocio, pero no se tiene en cuenta si tienes que viajar por un motivo médico o por estudios”.

En lo que Méndez coincide plenamente con la asociación CSA es en quienes son las ganadoras en todo esto: las compañías aéreas.

“Las empresas de vuelos privadas son las beneficiadas y ahí hay muchos intereses económicos y políticos”,

Lamenta Méndez al explicar que los precios no subvencionados de los billetes a las Islas Canarias son de los más altos de toda Europa, precisamente, según él, por las subvenciones:

“Tú pagas el precio subvencionado y no te preocupas de cuánto cuesta en realidad, por lo que las compañías ponen los precios que les da la gana y siempre habrá alguien que los pague”, sentencia.
Alternativas a este modelo de subvención sin control

Para CSA existen varias soluciones y vías a seguir para poder mejorar la comunicación entre estos territorios y la península sin acabar engordando las cuentas de resultados de las aerolíneas, ni perjudicando a aquellas personas que no pueden disfrutar de dichos descuentos pero que pretenden hacer alguno de esos desplazamientos. Declarar rutas de Obligado Servicio Público (OSP) y regular los precios de los billetes son dos de las propuestas para ofrecer

“un servicio público que conecta a todos los españoles -canarios o no- con las islas”. Cabrera considera que la regulación de tarifas de esa ruta es algo totalmente necesario y que el Gobierno tiene las herramientas para hacerlo. “Las reglas de las rutas que conectan las islas con la península no pueden ser las mismas reglas mercantiles que cualquier otra ruta, por lo menos para las personas que tenemos vínculos con Canarias, seamos canarios o no”, explica Cabrera a El Salto.

Otra de las demandas que se realizan desde CSA es que se aborde una regulación más justa de la normativa que se aplica a las Regiones Ultraperiféricas (RUP), como es el caso de Canarias, para poder regular precios y subvencionar de una manera distinta. Otro modelo hacia el que miran desde CSA, según nos explica su presidente, es el de Cerdeña.

“En Italia ya hay una tarifa regulada para que cualquier italiano, sean sardos o no, paguen la misma tarifa para ir Cerdeña, salvo un pequeño incremento en temporada alta para los no residentes”, explica Cabrera.

Islas Canarias es una de las nueve RUP de Europa, al contrario que Baleares, Ceuta, Melilla o la misma Cerdeña que son consideradas Regiones Periféricas, por lo que sería muy simple que desde instancias europeas se regularan los precios de estos trayectos e una forma distinta a la actual.
Para el militante de Podemos Tenerife la solución es otra:

“Con los millones que se gasta el Estado solo en subvencionar los vuelos a Canarias se podría crear un empresa pública que hiciera ese servicio”.

Una compañía aérea pública que, según él, debería tener en cuenta factores de renta y de verdadera necesidad de los demandantes de esos billetes.

MILES DE ENFERMOS CANARIOS DE CÁNCER NO PUEDEN HACER FRENTE A LOS GASTOS DE LA ENFERMEDAD
Por A. RAMÍREZ / CANARIAS-SEMANAL.ORG.-

Parece innecesario señalar el terrible impacto que debe sufrir cualquier [Img #54796]persona que reciba la noticia de que está aquejada de algún tipo de tumor maligno. Pese a los avances que la medicina ha realizado, que mejoran las expectativas de vida de muchos de estos enfermos, el diagnóstico del «cáncer» resulta aún tan dramático en la mayoría de las ocasiones que se mantiene una suerte de tabú y a menudo se utilizan eufemismos para evitar un nombre que, hasta hace no demasiado tiempo, era sinónimo de muerte.

Pero la posibilidad de sobrevivir a un cáncer se encuentra también directamente relacionada con el poder adquisitivo de quienes lo sufren. Y en regiones como Canarias, con una enorme y creciente desigualdad social, el 63% de los hogares con pacientes oncológicos no puede hacer frente a los gastos extra que esta enfermedad conlleva.

El pasado 2017, 2.445 pacientes más fueron diagnosticados con cáncer en las Islas, en comparación con los casos registrados un año antes. Muchos de ellos, no podrán hacer frente a los gastos extras devenidos de esta enfermedad, tales como el transporte, según denuncia la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC).

En total, en Canarias se detectaron 9.313 nuevos casos el pasado año: el 50.5% en la provincia de Las Palmas, y el resto en la de Santa Cruz de Tenerife.

Los tumores con más incidencia entre la población siguen siendo los de mama, colón, próstata y pulmón. Y son los hombres los que más los padecen, puesto que de la totalidad de los nuevos pacientes oncológicos, el 60.3% son varones.

Desde la AECC insisten en que el cáncer «es una enfermedad que cuesta dinero» y la mayoría no dispone de él.

Fernando Fraile, presidente de la Asociación Española Contra el Cáncer en Las Palmas – recuerda que «Canarias es una de las regiones que cuenta con uno de los porcentajes más altos de personas que se encuentran en riego de exclusión social a causa del diagnóstico de estos tumores».

«Hemos constatado -advierte Fraile – la alta incidencia que tiene el cáncer en la cuestión económica y en familias con miembros en paro, o personas mayores con rentas mínimas».

Por ello, la AECC ha solicitado al Gobierno de España, sin recibir ninguna respuesta, «que apruebe con celeridad un «Plan de Protección Integral» para las familias con cáncer no solamente «sanitario si no también desde el punto de vista social para aquellas familias que están sufriendo».